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Las barreras de entrada restringen la competencia y perjudican a los consumidores: si el número de proveedores de un servicio se halla artificialmente limitado por la fuerza irracional de la ley, entonces los incrementos de precios o los deterioros en la calidad de esos servicios no podrán verse contrarrestados por la aparición de nuevos proveedores que vendan productos mejores o más baratos.

Como es lógico, todos los vendedores ansían que el gobierno limite la competencia dentro de su sector: cuantas menores sean (o puedan llegar a ser) las alternativas de las que disfruten los consumidores, tanto más rehenes se volverán de los vendedores y, en consecuencia, tanto más fáciles resultarán de parasitar. Pero, como también debería ser lógico, los gobiernos tendrían que abstenerse de privilegiar a los vendedores a costa de los compradores: las reglas de juego han de ser tan imparciales como resulte posible para que la cooperación social no se sesgue en favor de ninguna de las partes.

Por desgracia, la inmensa mayoría de gobiernos no se comportan en la realidad como deberían hacerlo sobre el papel. En la práctica, los mandatarios suelen ser fuertemente influidos, o incluso controlados, por los grupos de presión que se organizan en las diferentes industrias para teledirigir la política económica: son esos lobbies los que consiguen estampar sus exigencias parasitarias en el Boletín Oficial del Estado y los que, gracias a ello, limitan la libertad de entrada de nuevos competidores que pudieran disputar su posición de dominio.

El sector del taxi español es un ejemplo claro de cómo se limita regulatoriamente la libertad de entrada en un sector —el del arrendamiento de vehículo con conductor— en perjuicio de los usuarios. Desde hace décadas, sólo aquellas personas con licencia de autotaxi podían ejercer tal actividad profesional en España, auxiliados subsidiariamente por una minoría de titulares de licencias VTC (cuyo número no podía superar la treintava parte de las de autotaxi). A diferencia de las licencias requeridas para el ejercicio de otras actividades, las de autotaxi no se otorgaban administrativamente a todo aquel que reuniera una cierta cualificación profesional, sino que las distintas administraciones municipales optaron por limitarlas en número para así constreñir la competencia: en el conjunto de España sólo había 70.000 licencias de taxi, aun cuando existían muchísimas otras personas capacitadas y deseosas de ejercer como taxista. De ahí, por cierto, que el precio de reventa de esas licencias fuera estratosférico: eran el peaje a pagar por poder operar en el mercado.

En 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero liberalizó moderadamente el sector con la aprobación de la Ley Ómnibus, la cual permitía solicitar licencias VTC de manera prácticamente irrestricta y, en consecuencia, derribaba en la práctica el cartel del taxi. Entre 2013 y 2015, empero, el Gobierno liberticida de mariano Rajoy restableció reglamentariamente las limitaciones a la concesión de licencias VTC para volver a proteger al cartel del taxi: la ventana de libertad de mercado abierta durante unos pocos años, volvió a cerrarse de golpe. Y, justamente por ello, el precio de las licencias VTC concedidas hasta entonces se disparó: si de repente ya no podía accederse en condiciones de libertad a una licencia VTC, sólo quedaba comprarla a precios igualmente desorbitados en el mercado secundario.

Por fortuna, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) juzgó en 2017 que esas limitaciones introducidas reglamentariamente por el Gobierno del PP atentaban contra el espíritu liberalizador de la (jerárquicamente superior) Ley Ómnibus, por lo que decidió recurrirlas ante una Justicia que, a través del Supremo, parecía dispuesta a tumbarlas en una sentencia de inminente publicación. Y en esas estábamos cuando, en una cacicada propia de Estados bananeros como el nuestro, el Gobierno ha adelantado por la derecha al Supremo y ha elevado a rango de ley las restricciones a la concesión de licencias VTC introducidas reglamentariamente en 2015. Merced a ello, la próxima sentencia del Supremo resultará irrelevante de cara a liberalizar el sector.

Semejante reimplantación de las barrera de entrada en el sector del taxi no ha sido una decisión política fruto del azar, sino de las presiones recibidas por dos colectivos hasta la fecha antagónicos. Por un lado, el cártel del taxi, el cual sigue evidentemente interesado en limitar la competencia dentro de su sector. Por otro, los inversores/especuladores en licencias VTC, los cuales hicieron frente a un desembolso monetario muy grande para adquirirlas y ahora no quieren que la liberalización del sector deprecie el valor de esas patentes de corso. El Ejecutivo, pues, está legislando al diktat de dos lobbies que sólo velan por su intereses crematísticos aun a costa de atentar contra las libertades y el bienestar de los usuarios.

Los habrá que, pese a la incesante acumulación de evidencias, todavía intentarán convencernos de que el PP es un partido liberal. No se dejen engañar: el PP es un partido mercantilista que actúa como recadero de los lobbies sectoriales de turno. La libertad de mercado jamás formó parte del programa de gobierno de Rajoy y sus secuaces. Lo hemos vuelto a comprobar en el sector del taxi.