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España cerró 2017 con una tasa de temporalidad del 26,8%: la más elevada de Europa tras haber superado la de Polonia (26,1%). El porcentaje prácticamente duplica la media de la Unión Europea (14,3%) y se halla mucho más alejada de la de otras economías que deberíamos tratar de imitar en muchos de sus aspectos, como Irlanda (9%) o Reino Unido (5,6%). Semejante temporalidad supone un drama social y económico debido a que, por un lado, coloca en una situación de permanente provisionalidad e incertidumbre a cualquier trabajador que la padece y, por otro,