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España cerró 2017 con una tasa de temporalidad del 26,8%: la más elevada de Europa tras haber superado la de Polonia (26,1%). El porcentaje prácticamente duplica la media de la Unión Europea (14,3%) y se halla mucho más alejada de la de otras economías que deberíamos tratar de imitar en muchos de sus aspectos, como Irlanda (9%) o Reino Unido (5,6%). Semejante temporalidad supone un drama social y económico debido a que, por un lado, coloca en una situación de permanente provisionalidad e incertidumbre a cualquier trabajador que la padece y, por otro,

La democracia es un sistema de gobierno donde las preferencias electorales expresadas por el conjunto de los ciudadanos determinan la acción política. O eso es, al menos, lo que insistentemente se nos repite: el pueblo es soberano y los gobernantes son sus meros mandatarios (personas que reciben un encargo de los mandantes). Lo cierto, sin embargo, es que de la teoría a la práctica media un trecho insalvable: no sólo por la inexistencia de una regla que nos permita agregar de manera no arbitraria el conjunto de votos de los ciudadanos, sino también