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No soy de los que sacraliza ni al poder judicial, ni los jueces, ni a las sentencias. El primero es un poder más del Estado y, por tanto, susceptible de ser abusado a la hora de recortar nuestras libertades. Los segundos son personas de carne y hueso: por tanto, entes imperfectos, sesgados y abocados al error. Las terceras son la expresión del ejercicio de esa peligrosa autoridad estatal por parte de esas personas imperfectas: ergo, mecanismos que, en el mejor de los casos, resuelven los conflictos sociales de modos normalmente subóptimos.

En este

La Argentina con la que se encontró Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia del país en diciembre de 2015 cargaba con un déficit público del 5,8% del PIB que no podía financiarse emitiendo deuda en los mercados internacionales —por el descrédito de los Kirchner y del default de 2001— y que, en su ausencia, se estaba sufragando monetizándolo a través del Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué sucede cuando en el mercado no existe demanda de un activo (en este caso, el peso argentino) e incrementamos sustancialmente su oferta? Pues que ese