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El escándalo Volkswagen evidencia muchas cosas. Por un lado, que no podemos permitirnos un sistema que incentiva y permite, sea por recurso a la ambición extrema o por dejación en el control, que se prioricen los beneficios empresariales por encima del bien común, más todavía si hablamos de cuestiones como la salud de todos o la del planeta en que vivimos. Parece muy idealista y maximalista, pero es lo que hay: una marcada hipocresía que hace que algunos, en un recurso a la desesperada, pretendan sacar balones fuera o disparar por elevación a la hora de justificar una barbaridad como

La entrada en vigor del impuesto al sol en España, una tasa abiertamente diseñada para desincentivar el uso de la generación distribuida de electricidad mediante instalaciones de placas solares en los hogares, demuestra de manera palmaria la vocación del gobierno español por proteger a las empresas de generación de electricidad, convertidas en este país en un auténtico cementerio de elefantes para políticos.

La ley es un auténtico ejercicio de prevaricación, en su definición literal del Diccionario de la Real Academia Española: “delito consistente en dictar a sabiendas una resolución