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La fusión entre las farmacéuticas Pfizer y Allergan, valorada en 160.000 millones de dólares, tiene unas connotaciones sumamente complejas. El planteamiento de la operación, dejando aparte las posibles sinergias en términos de investigación y la compatibilidad del foco estratégico, es una adquisición de la empresa grande, Pfizer, por parte de la empresa pequeña, Allergan, estructurada así para permitir ubicar fiscalmente el conglomerado resultante en Irlanda, donde pasará de pagar alrededor de un 25% de impuesto de sociedades, a pagar entre el 17% y el 18%. Un ahorro sensible a esa escala, que parece convertirse, de acuerdo con la mayoría de analistas, en el principal determinante de la operación.

El planteamiento, por tanto, nos lleva a una discusión ya habitual: ¿qué sentido tiene criticar a las empresas por hacer uso de mecanismos perfectamente legales que están a su alcance para disminuir así su factura fiscal? Si definimos que la obligación de una empresa es maximizar la generación de valor a sus accionistas, sin duda esos accionistas estarán encantados de que la compañía optimice su pago de impuestos y sea capaz, en consecuencia, de incrementar más su valor o de repartir más beneficios.

Obviamente, esa consideración no puede ser interpretada en términos absolutos: tanto el concepto de “valor”, como el de “maximizar” e incluso el de “accionista” ofrece múltiples interpretaciones. Si una empresa es demasiado agresiva en alguno de esos conceptos, los resultados son los que ya conocemos: gobiernos creando leyes especiales para evitar la pérdida de esos impuestos, o incluso posibles daños reputacionales. En último término, todos los ciudadanos de un país, clientes de la empresa incluidos, son en algún modo “accionistas” de las compañías que mantienen actividades en él (el inglés, con su diferenciación entre shareholders y el término más amplio stakeholders, proporciona una idea más adecuada de este tipo de matices), lo que lleva a que puedan sentirse defraudados cuando una compañía decide eludir conscientemente sus obligaciones fiscales en un país determinado. Daños que, por otro lado, son de cuantificación compleja, y aluden al sentido de responsabilidad de los propios clientes: ¿realmente dejan los clientes de una compañía de adquirir sus productos cuando saben que incurre en ese tipo de prácticas? ¿Ha alcanzado el mercado una madurez tal como para tener en cuenta esos matices a la hora de tomar decisiones de compra? En el fondo, estamos empezando a relegar algo tan específico como el pago de impuestos a un aspecto que parece entrar cada vez más dentro del terreno de la RSC, la responsabilidad social corporativa, no especialmente caracterizado por la concreción.

¿Qué ocurre en un mundo en el que el pago de impuestos pasa a ser poco menos que voluntario, sometido a infinitas posibilidades de ingeniería fiscal en virtud de una globalización ya completamente evidente? Que entramos en el que es, en realidad, el verdadero elefante en la habitación, el problema que nadie quiere señalar: que el desarrollo y popularización de internet han determinado una globalización de facto, que se aplica sobre un mundo en el que todo lo demás está sin globalizar. En la práctica, que toda la arquitectura que rodea las divisiones administrativas de los países, las fronteras, los fueros que permiten a un territorio tomar decisiones sobre sus políticas impositivas y decidir si quiere utilizarlas en su estrategia, son completamente obsoletas. Que estamos intentando manejarnos en un mundo globalizado con herramientas que, sencillamente, ya no tienen sentido. Plantear que Irlanda no pueda utilizar su fiscalidad para dotarse de una ventaja comparativa que le permita atraer un tejido industrial determinado generador de empleo y de riqueza es casi imposible en el contexto actual, como lo es que determinados territorios no se constituyan en paraísos fiscales. Pero sin llegar a ese extremo, intentar evitar que las compañías, en un entorno en el que la información fluye libremente y las transacciones se llevan a cabo a golpe de clic, aprovechen los diferenciales impositivos para reducir su factura fiscal se convierte en algo sumamente complejo.

La fusión de Pfizer y Allergan es un caso extremo de estas prácticas, pero obviamente, no es el único. Y vendrán más, de diversos tamaños y en diversas industrias. No se trata de un fenómeno específico de una industria ni de un país: es una tendencia que solo se soluciona cambiando algo que nadie parece tener posibilidad de cambiar. Ni puede plantearse seriamente una armonización fiscal entre todos los estados y territorios del mundo, ni mucho menos que las fronteras entre ellos dejen de tener sentido. Y mientras sigan ahí, seguirán posibilitando que, sin demasiado esfuerzo, las compañías que operan globalmente se planteen operaciones que les permitan optimizar su factura fiscal.

El tamaño de la operación, en este caso, plantea reacciones en la clase política norteamericana que podrían dar lugar a cambios. No serían los únicos: Francia tomó medidas contra Amazon de manera específica, y terminó consiguiendo que el gigante del comercio electrónico declarase en Francia las operaciones que tenían lugar allí, y seguramente habrá casos similares en otros países. Cuando la optimización fiscal se torna demasiado agresiva, termina por tener contrapartidas, aunque sean simplemente parches en un contexto que, de por sí, tiene difícil solución. En este caso, está por ver si los Estados Unidos tomarán algún tipo de medida contra Pfizer o permitirán que, sencillamente, se convierta en una compañía irlandesa. Pero lo que está cada vez más claro es que estamos ante una situación global, un desajuste global entre lo que el mundo era antes y lo que el mundo es ahora. Nuevos tiempos, que se siguen gestionando con las herramientas de siempre. Arreglar eso no va a ser en absoluto sencillo.

 
Artículo de Enrique Dans .

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