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La Ministra de Hacienda y Función Pública, maria Jesus Montero, anuncia que implantará a partir del próximo enero la opción del teletrabajo en la Administración General del Estado, con un real decreto que regulará una modalidad general con un total de tres días a la semana de teletrabajo y dos en modo presencial, y otra con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, pensada para aquellos empleados públicos que elijan como lugar de residencia territorios en riesgo de despoblación.

Los acuerdos serán de carácter voluntario y reversible, su uso estará supeditado a que se garantice la prestación de los servicios, se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por esta modalidad – previa solicitud y autorización – y la Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos, aplicaciones, y con las herramientas de productividad y ciberseguridad necesarias para su actividad, así como la formación adecuada para ello. La medida no incluye a funcionarios autonómicos o locales, cuyo ámbito queda fuera de las competencias de Función Pública, pero es bastante previsible que una vez que el Ministerio aplique una norma como esta, el resto de ámbitos imiten el modelo.

Tras una pandemia que nos ha demostrado que la posibilidad de trabajar desde cualquier sitio es perfectamente posible si se dan las condiciones adecuadas, flexibilizar las condiciones de trabajo para que los empleados público puedan aprovechar esa posibilidad y buscar condiciones que se adapten mejor a sus circunstancias es, decididamente, un paso en la dirección adecuada. Existen un gran número de trabajos en la función pública cuya naturaleza permite perfectamente una deslocalización sin pérdida de productividad, que además es susceptible de ofrecer al trabajador muchos más grados de libertad a la hora de plantear su lugar de residencia, su esquema de vida o su conciliación familiar, entre otras muchas cosas.

¿Estamos a punto de ver un éxodo de funcionarios públicos en busca de lugares con mejor calidad de vida, mejores costes y razonablemente bien comunicados? ¿Estamos hablando de un antes y un después en las condiciones del funcionariado al incorporar ese nivel de flexibilidad, o simplemente de una anécdota que, por la razón que sea, termine quedándose en una medida testimonial? ¿Está la Administración española marcando la dirección a seguir y tratando de ser más innovadora que muchas compañías privadas a la hora de adaptarse al entorno de la post-pandemia, con trabajadores ya razonablemente formados en herramientas de teletrabajo, capaces de apreciar la libertad y los beneficios que ello puede ofrecerles, y dispuestos a tomar decisiones que les ofrezcan una mayor calidad de vida? En ciudades como Madrid, en los que la densidad de funcionarios es elevada, ¿estamos hablando de una medida que pueda influir en cuestiones como los atascos de tráfico a determinadas horas? ¿Qué nivel de adopción tendrá una medida así entre el estamento funcionarial?

Habrá que ver la recepción, la implementación y la evolución de la medida. Pero si efectivamente es lo que parece, todo indica que hablamos de un paso en la dirección adecuada.

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