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La entrada en vigor del impuesto al sol en España, una tasa abiertamente diseñada para desincentivar el uso de la generación distribuida de electricidad mediante instalaciones de placas solares en los hogares, demuestra de manera palmaria la vocación del gobierno español por proteger a las empresas de generación de electricidad, convertidas en este país en un auténtico cementerio de elefantes para políticos.

La ley es un auténtico ejercicio de prevaricación, en su definición literal del Diccionario de la Real Academia Española: “delito consistente en dictar a sabiendas una resolución