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El sistema de pensiones español está inmerso en una crisis estructural: actualmente carga con un déficit cercano a los 20.000 millones de euros anuales y, en ausencia de los recortes que irán implementándose merced a las reformas de 2011 y 2013, tendería a dispararse hasta los 80.000 millones de euros anuales. En este contexto de evidente insostenibilidad de la Seguridad Social, son muchos los políticos, periodistas y agitadores varios que están exigiendo no sólo una derogación de las reformas anteriores, sino también un incremento de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales (15.120 euros anuales).

Éste es el caso de, por ejemplo, diversas asociaciones de pensionistas vascos y también de los yayoflautas madrileños. Pero, ¿es realmente viable aumentar las pensiones mínimas hasta tales importes? En la actualidad, las pensiones mínimas rondan los 640 euros mensuales (8.960 euros anuales) debido a que el Estado inyecta cada año alrededor de 7.000 millones de euros en la Seguridad Social para complementar las pensiones más bajas hasta alcanzar ese monto.

¿Cuánto deberíamos incrementar el gasto público para elevar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales tal como reclaman los lobbies de pensionistas? Hagamos unos simples cálculos: a día de hoy, en España hay 6,9 millones de personas que perciben una pensión igual o inferior a 1.100 euros mensuales; de ellos, 4,3 millones poseen ingresos iguales o inferiores a 640 euros mensuales (eso sí, todos alcanzan los umbrales mínimos de las pensiones contributivas, ya sea merced a los complementos presupuestarios o por otros fuentes de renta propias).

El gasto agregado en todas las pensiones contributivas asciende a 125.000 millones de euros anuales, de los cuales 60.000 millones son imputables a quienes ingresan menos de 1.100 euros mensuales (y 30.000 millones quienes cobren menos de 640 euros mensuales). Si estableciéramos una pensión mínima de 1.080 euros mensuales, los desembolsos dirigidos a quienes hoy perciben una pensión inferior a 1.100 euros mensuales se elevarían en 35.400 millones de euros por año, de modo que el gasto total en pensiones ascendería a 160.000 millones de euros (el 14% del PIB) y el déficit de la Seguridad Social se dispararía a más de 50.000 millones de euros (4,5% del PIB).

Todavía peor: dado que, a medio plazo y en caso de que derogáramos las últimas dos reformas-recortes de las pensiones, los gastos de la Seguridad Social estarían condenados a incrementarse en una media anual de 5,3 puntos del PIB (el equivalente a 60.000 millones de euros actuales), si hiciéramos caso a los yayoflautas, el gasto total en pensiones aumentaría hasta el 19,3% del PIB (220.000 millones de euros) y el déficit explosionaría hasta casi el 10% del PIB (alrededor de 115.000 millones de euros).

Como es evidente, nuestro país no puede mantener un déficit estructural de 10 puntos del PIB, de modo que, para poder elevar las pensiones mínimas a 1.080 euros mensuales al tiempo que se derogan las últimas dos reformas-recortes de las pensiones, deberíamos elevar la presión fiscal que recae sobre los españoles en esos 10 puntos del PIB. Y he ahí la cuestión que las mareas de pensionistas suelen convenientemente soslayar: ¿a quiénes les tocaría costear esa sobredimensionadísima factura tributaria? Pues, como no podría ser de otro modo, a las generaciones presentes, a saber, a aquellas que a día de hoy siguen generando riqueza apta para ser parasitada: serían, por tanto, los trabajadores en activo actuales quienes sufrirían la mayor parte de la nueva losa tributaria derivada de atender las reclamaciones de los lobbies pensionistas.

De ahí que resulte absolutamente hipócrita afirmar, como suelen hacer los jubilados indignados, que las manifestaciones a favor de unas “pensiones dignas” sean manifestaciones preocupadas esencialmente por el futuro de los jóvenes: no, son manifestaciones totalmente egoístas que o bien desconocen las consecuencias de lo que están reclamando o bien se despreocupan por entero de los gigantescos quebrantos económicos que están proponiendo imponerles a las actuales generaciones de trabajadores.

No, establecer unas pensiones mínimas de 1.080 euros mensuales no sería una muestra de solidaridad intergeneracional, sino de egoísmo intrageneracional: los bajos sueldos de los jóvenes serían extraordinariamente machacados para incrementar alocadamente las pensiones de los mayores. El que venga detrás que apague la luz.