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Los tópicos en torno a la privacidad son muy claros: mientras en Europa se siguen políticas garantistas que protegen este derecho fundamental de los ciudadanos, en los Estados Unidos no se respeta en absoluto, y tanto las empresas como el gobierno se consideran autorizados a acceder a todo tipo de datos y a hacer uso de los mismos sea para un marketing agresivo o para investigar lo que les venga en gana.

Las revelaciones de Edward Snowden, en el año 2013, sirvieron en gran medida para reforzar aquellos tópicos: el gobierno norteamericano probaba ser un monstruo que, bajo la excusa de la creciente amenaza terrorista, había hipertrofiado hasta el límite las infraestructuras destinadas a tratar de vigilar y controlar toda la actividad ya no solo de sus ciudadanos, sino de todo el mundo. Sin embargo, las revelaciones parecían sugerir, aunque de manera más débil, que labores de vigilancia parecidas eran realizadas de manera generalizada por servicios secretos de otros países, aunque estos no hubieran sufrido todavía su “momento de la verdad” en la forma de un héroe con las características de Edward Snowden.

Algunas recientes decisiones parecen, efectivamente, desafiar esos tópicos: por un lado, Barack Obama anuncia que su administración renuncia a tratar de acceder a datos de ciudadanos protegidos mediante cifrado, específicamente a la peligrosísima idea de obligar a las empresas tecnológicas a mantener puertas traseras a disposición de las autoridades. Por otro, el gobernador de California, Jerry Brown, aprueba la ley de defensa de la privacidad más fuerte de los Estados Unidos al obligar a toda agencia o autoridad a obtener una orden judicial para poder acceder a prácticamente cualquier dato, metadato o comunicación digital de un ciudadano.

Durante las Crypto Wars de los años ’90, el gobierno norteamericano extendió la idea de que las herramientas de cifrado fuerte debían en realidad ser tratadas como armas, trató inútilmente de restringir su exportación a otros países, y se puso como objetivo acceder de la manera que fuese a las comunicaciones de todo aquello que pudiese considerar una amenaza. Las presiones de agencias norteamericanas sobre las compañías que fabricaban herramientas digitales de todo tipo para que permitiesen el acceso a las autoridades mediante algún tipo de puerta trasera fueron constantes, se desarrollaron a todos los niveles, y aún persistían, aunque a un nivel mucho más discreto, en pleno año 2014. En las revelaciones de Snowden, entre otras muchas cosas, se podía ver cómo la NSA tenía acceso casi ilimitado al iPhone, a pesar de la persistente negativa de Apple de haber colaborado para facilitar dicho acceso. Otras marcas de smartphones, como ZTE, evidenciaron la existencia de puertas traseras, aunque en este caso parecían proceder de otro tipo de orígenes.

La idea de las puertas traseras era completamente ominosa: resulta imposible plantear que una puerta trasera, sea del tipo que sea, no se convierta en algo que puede ser utilizado no solo por quienes la diseñan, sino también por terceras partes, y que se conviertan de facto en una amenaza a la seguridad de todos los usuarios. Y precisamente eso es lo que Barack Obama viene a decir en sus declaraciones: que ante la evidencia de que resulta completamente  imposible obtener acceso a la información cifrada sin amenazar la seguridad de los usuarios, es mejor desistir de tales intentos: seguirán solicitando colaboración a las compañías tecnológicas a la hora de investigar a perfiles sospechosos, pero no tratarán de obligarlas a romper la seguridad de sus productos. En muchos sentidos, puede verse este anuncio como una auténtica victoria de la tecnología sobre la política.

Pero la reflexión no estaría completa si no contrastásemos la otra parte del mito: ¿qué ocurre en Europa en este sentido? En el Reino Unido, la idea una puerta trasera que brinde acceso inmediato y no restringido de las autoridades a registros privados de los ciudadanos parece haberse impuesto claramente. En España, algunos jueces afirman que el uso de herramientas de cifrado constituye evidencia de un uso relacionado con el terrorismo, y se aprueba una Ley Mordaza completamente antidemocrática que supone una auténtica amenaza a múltiples derechos de los ciudadanos, incluida la privacidad. Suecia colabora con los servicios secretos norteamericanos interceptando tráfico procedente de Rusia, el gobierno francés se auto-otorga carta blanca a la hora de acceder a la información de sus ciudadanos, y el británico, además de controlar las comunicaciones electrónicas de sus ciudadanos, ha llegado al punto de tratar de ilegalizar las herramientas de cifrado.

La evolución del panorama parece indicar que los Estados Unidos parecen estar llegando mucho más rápido al nivel de sentido común necesario para darse cuenta de que hay cosas que, en plena era digital, no pueden siquiera plantearse. Mientras, los gobernantes europeos, mucho más iletrados tecnológicamente, siguen pretendiendo que la seguridad puede obtenerse mediante la oscuridad, que las puertas traseras tienen sentido, que si no tienes nada que ocultar no tienes nada que temer, o que la seguridad puede obtenerse mediante la vigilancia exhaustiva de todos los ciudadanos.

¿Realmente es la Unión Europea un reducto de defensa de los derechos de sus ciudadanos frente a unos Estados Unidos en los que estos son permanentemente vulnerados? ¿O simplemente es que ellos han tenido un Snowden y nosotros no hemos tenido ninguno?

Artículo de Enrique Dans .

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