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Sombras

Comencemos con las malas noticias. La economía española no ha recuperado en el tercer trimestre de 2015 el número de ocupados existente en el tercer trimestre de 2011: en concreto, a finales de septiembre había 436.000 empleados menos que hace cuatro años en España (una caída del 2,35%).

En términos de horas semanales trabajadas la imagen es similar: en el tercer trimestre de 2011, se trabajaron 567,4 millones de horas por semana en España; en el tercer trimestre de 2015, 549,3 millones (una caída del 3,2%). En una parte, esta reducción de la carga de trabajo se explica debido al incremento del número de ocupados a tiempo parcial: si en 2011 el 13% de los ocupados eran a tiempo parcial, en 2015 lo son el 15,2% (no debe confundirse el contrato a tiempo parcial con la temporalidad: en contra del muy extendido discurso político, el porcentaje de contratos temporales prácticamente no ha variado en esta legislatura).

Es verdad que el número de parados se ha reducido a lo largo de esta legislatura (hemos pasado de 5 millones a 4,85 millones), pero lo ha hecho en esencia por la caída de la población activa (el número de personas con empleo o que buscan empleo se ha reducido en casi 600.000 durante los últimos cuatro años). Además, el perfil de esos parados ha empeorado notablemente: si en el tercer trimestre de 2011 el número de parados de larga duración (más de un año en el desempleo) era inferior al del número de parados que llevaban menos de un año buscando empleo, en el tercer trimestre de 2015 sucede al revés (casi tres millones de parados llevan más de un año en el paro, frente a 1,85 millones que llevan menos de 12 meses).

Lo que básicamente ha acaecido durante estos últimos cuatro años es que el paro se ha enquistado en la economía española, de modo que el tiempo medio del desempleo se ha incrementado. El fenómeno es preocupante, por cuanto a mayor tiempo fuera del mercado laboral, más difícilmente empleable va volviéndose una persona (o, mejor dicho, va siendo empleable a salarios decrecientes).

Luces

Claramente, la primera de las luces a destacar es el ritmo de creación de empleo: aunque hoy haya menos ocupados que en el tercer trimestre de 2011, el ritmo de su creación es mucho más acelerado que entonces (desde destruirse casi 350.000 empleos por trimestre a crearse 550.000).

Además, no sólo el ritmo de creación de empleo es mayor que hace cuatro años, sino que el perfil del empleo existente es más sostenible: en los últimos cuatro años, el empleo neto se ha reducido en 436.000 personas; en un conjunto de sectores (manufacturas, construcción, comercio minorista, transporte, finanzas, administraciones públicas, educación y sanidad) se han destruido casi 675.000 empleos, mientras que en otros sectores (agricultura, otras industrias, hostelería, tecnología de la información, actividades profesionales, administración y gestión, y otros servicios) se han creado 239.000. Lo relevante, sin embargo, es que el 63% de la destrucción de empleo bruta se ha concentrado en la construcción y en las administraciones públicas (excluyendo de éstas al personal de educación y sanidad). En contrapartida, eso sí, casi la mitad del nuevo empleo sectorial se ha concentrado en la hostelería.

Parece bastante claro que la estructura de empleo de 2011 no era sostenible: el sector público y la construcción seguían a todas luces sobredimensionados, por lo que el ajuste —que finalmente se ha producido— resultaba inaplazable. La cuestión no era si el empleo debía reducirse significativamente en esos sectores, sino cuándo debía hacerlo. Una vez efectuado ese ajuste, lo que resta es reorientar la estructura productiva de la economía hacia nuevos sectores emergentes que permitan reabsorber a los parados.

En parte, la economía española lleva un par de años inmersa en ese proceso de reajuste: pero, como ya explicamos, al ritmo actual todavía faltarían alrededor de seis o siete años para finalizarlo.

Las luces y las sombras

Ésa es precisamente la gran cuestión de fondo: creando medio millón de empleos anuales, necesitaríamos más de un lustro para recuperar la tasa de paro pre-crisis. Dejando de lado los notables desequilibrios que sigue padeciendo la economía española (una enorme deuda pública, una aún más enorme deuda exterior, y un déficit público que está lejos de haberse resuelto) y los crecientes riesgos exteriores (la crisis de los emergentes), en el terreno estrictamente laboral ya hemos visto que el número de desempleados de larga duración es muy elevado y que ello equivale a que su recolocación se irá complicando.

Por todo ello, el próximo gobierno de España debería proceder a facilitar enormemente la contratación de todos los parados: también de aquellos menos productivos. Y el modo más inmediato de facilitar la contratación pasa por reducir su coste, a saber, por liberalizar el mercado laboral y por reducir los impuestos vinculados al trabajo. Desgraciadamente, todo apunta a que, cualesquiera que sean los partidos que conformen el nuevo gobierno, éste optará por mantener la actual regulación laboral (o por empeorarla) y por incrementar los tributos que pesan sobre el factor trabajo para así sufragar el desbocado gasto en pensiones.

Es decir, a los obstáculos económicos que siguen existiendo contra la creación de empleo, habrá que añadir, tras las elecciones del 20 de diciembre, el riesgo político. Apenas hemos comenzado a crear un mínimo de empleo y los políticos —todos los políticos— ya están pugnando por estrangular nuestro todavía hiperrigido mercado de trabajo.

Artículo por Juan Ramón Rallo,
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