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Mi columna en Invertia de esta semana se titula «La IA y el cortoplacismo» (pdf), y pretende ahondar en la idea de los miedos de los ciudadanos y las inútiles peticiones al regulador para que, supuestamente, los proteja.

El European Tech Insights, un estudio llevado a cabo por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, que intenta revelar las actitudes de los ciudadanos europeos hacia la tecnología y las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), afirma que un 68% de los europeos quiere que los gobiernos planteen limitaciones a la IA para proteger sus puestos de trabajo.

Si meditamos un poco sobre esa conclusión, el resultado es apabullante: resulta que muchísimo ciudadanos, ante el miedo de que un algoritmo les sustituya y les deje sin empleo, quieren que los políticos dicten leyes que lo impidan. ¿De verdad? ¿Nadie se plantea lo que puede haber de malo en eso? ¿Nadie piensa que, si las leyes impiden que las compañías sustituyan a trabajadores con algoritmos, lo que va a ocurrir es que esas compañías van a perder competitividad frente a las que sí pueden hacerlo, y por tanto terminarán eventualmente cerrando por no poder competir?

La respuesta, me temo, es que no. Que simplemente no se lo plantean. Que los trabajadores son tan profundamente cortoplacistas, que lo que quieren es que la ley proteja sus puestos de trabajo hoy, y lo que ocurra con la compañía en la que trabajan dentro de unos años les trae sin cuidado. ¿Que cierra? Con suerte, ya me habré jubilado.

La idea de creer que una hipotética regulación va a proteger al trabajador es profundamente ingenua y absurda, fundamentalmente porque el mercado tiene sus leyes, y si bloqueamos el avance de la tecnología en un mercado, las empresas de otros mercados se comen rápidamente con patatas a las del primero, y esos trabajadores que pretendían ser protegidos terminan sufriendo las consecuencias. El problema, además, es que la regulación, desgraciadamente, funciona así: si el 68% de los ciudadanos demandan protección, los políticos interpretan eso como un cierto grado de «alarma social, y reaccionan rápidamente para ganarse a esos ciudadanos y, eventualmente, sus votos. Y por supuesto, producen regulación, que para eso se les paga… pero una regulación errónea, equivocada, que no protege nada ni a nadie, y que tiene efectos netos radicalmente negativos. Es como si hace algunos años, se hubiese pedido al regulador que impidiese la llegada de ordenadores a las empresas para proteger a quienes usaban, vendían o reparaban máquinas de escribir. ¿Dónde estarían hoy esas compañías?

No, lo que tenemos que pedir no es que los políticos y reguladores nos mantengan a salvo de la tecnología, porque es bien sabido, históricamente, que ese camino es el equivocado. Lo que tenemos que hacer es entender lo antes posible esa tecnología, aprender a utilizarla y a ser más productivos con ella, y que eso haga que ninguna empresa en su sano juicio nos quiera echar, porque ve que somos el tipo de trabajador que quiere mantener consigo. O que si a pesar de todo decide hacerlo, nuestras habilidades adquiridas hagan que pasemos muy poco tiempo en la cola del paro. Existen muchísimos ejemplos: cuando llegaron las hojas de cálculo, no quitaron el trabajo a los contables, pero los contables que sabían usar una hoja de cálculo sustituyeron rápidamente a los que se negaban a utilizarlas.

Pero sobre todo, a lo que tenemos que tenerle miedo no es a que un algoritmo nos quite el trabajo, sino a que nuestros reguladores conviertan el país o el continente en el que vivimos en un desierto tecnológico, en un entorno refractario a la tecnología en el que las leyes impiden a las compañías adoptar cosas nuevas, y por tanto, ser competitivas. Ese es el problema, y en el caso de la Unión Europea, es algo que sabemos que ocurre desde hace ya bastante tiempo. Vivimos en un continente que, a falta de innovación y de adopción tecnológica, pretende exportar legislación. Y de la legislación, mucho me temo, no se vive.

Si la regulación europea termina «protegiendo» a los trabajadores impidiendo a las empresas que los sustituyan por algoritmos, los efectos en el mapa competitivo serán desastrosos. Porque la tecnología funciona como funciona, y no se la puede detener. Se llama imperativo tecnológico: quien no adopta una tecnología que proporciona determinadas ventajas comprobables, termina por desaparecer. Si los trabajadores europeos se dedican a implorar al regulador que les proteja, estarán perdiendo el tiempo miserablemente y, además, optando por no aprender a utilizar precisamente la tecnología de la que quieren ser protegidos.

Es, básicamente, una muy mala idea. Y si la regulación europea termina provocando un efecto así, lo pagaremos todos.

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