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Trabajo garantizado: insatisfacción garantizada

Los programas de trabajo garantizado convierten al Estado en un empleador: cualquier ciudadano puede acudir a una administración pidiendo un empleo y ésta tendrá la obligación de proporcionárselo. ¿Qué tipo de empleo? Aquel que la propia administración considere necesario. Por supuesto, la administración desconoce cómo ocupar a casi tres millones de personas de un modo tal que generen mayor riqueza para la sociedad que aquella representada por los impuestos que han sido extraídos para financiar esos empleos: el programa de trabajo garantizado no es otra cosa que obligar a más de diez millones de contribuyentes a comprar obligatoriamente aquellos bienes o servicios que nuestros políticos desean caprichosamente producir contratando a millones de parados.

Por ejemplo, Izquierda Unida habla de crear empleos en “servicios sociales, cuidado del medio ambiente, servicios culturales, deportivos y recreativos, y construcción y mantenimiento de infraestructuras”. Pero, ¿verdaderamente podemos suponer que quienes pagan diariamente el IVA o quienes ven mensualmente saqueadas sus nóminas vía retenciones desean consumir más servicios de museos, infraestructuras o eventos deportivos? ¿Acaso no es muy probable que todos esos contribuyentes tengan otras necesidades prioritarias muy distintas a las impuestas centralizadamente por el sanedrín de sabios de Izquierda Unida? Y si, en efecto, las decenas de millones de contribuyentes desearían gastar el dinero de sus impuestos de un modo distinto al planteado por Izquierda Unida, ¿por qué no permitir simplemente que los parados se dediquen a producir los bienes que los contribuyentes sí demandan y sí desean? Eso es lo que se consigue con un mercado libre y flexible (cada persona produce lo que otras demandan para que las demás produzcan lo que ella demanda): justo lo que los jerarcas de Izquierda Unida rechazan por preferir imponerles sus preferencias a los ciudadanos.

Complemento salarial: subvención a la improductividad y a los bajos salarios

La idea básica detrás de los complementos salariales propuestos por Ciudadanos es la de inflar el salario que pueden abonar los empresarios para que los empleados estén dispuestos a trabajar durante más horas. En este sentido, los efectos de los complementos salariales pueden ser de dos tipos: por un lado, permiten la supervivencia de negocios insuficientemente productivos desincentivando su reajuste; por otro, contribuyen a deprimir los salarios en los sectores productivos.

En cuanto a la supervivencia de negocios improductivos, imaginemos que un empresario monta una academia de Filosofía con tan poca demanda que apenas es capaz de abonar un salario de 600 euros mensuales a los profesores que necesita para impartir las clases; pero, a ese salario, los graduados en Filosofía prefieren buscar empleo en otros sectores de la economía o, directamente, quedarse ociosos. Sin embargo, como el complemento salarial aumenta el salario efectivamente percibido por los profesores de Filosofía, el empresario podrá contratarlos y montar su academia de escasa demanda. Dicho de otro modo, en este caso el complemento salarial actúa una subvención una unidad de negocios improductiva para que pueda salir adelante. Sin complementos salariales, esas empresas improductivas (esto es, aquellas incapaces de generar suficiente valor para el consumidor) no podrían pagar sueldos lo suficientemente elevados como para inducir a los parados a trabajar para ellas, de modo que no llegarían a iniciar sus actividades. Con el complemento salarial, las empresas improductivas se convierten en compañías falsamente productivas a golpe de subvención estatal.

En cuanto a la depresión de los salarios en los sectores productivos, imaginemos que, antes del establecimiento de un complemento salarial, la anterior academia de Filosofía sí tenía una demanda suficiente como para contratar a varios profesores de Filosofía por 800 euros mensuales. Ese salario era el resultado de conjugar la oferta de profesores de Filosofía dispuestos a trabajar por 800 euros con su demanda por parte de la academia de Filosofía. Ahora procedamos a añadir un complemento salarial: en tal caso, aparecerán profesores de Filosofía que antes no estaban dispuestos a trabajar por 800 euros mensuales (o por menos) pero que ahora sí pasarán a estarlo dado que el complemento elevará su remuneración efectiva por encima de 800. Así las cosas, el incremento de la oferta de profesores de Filosofía contribuirá a deprimir por debajo de 800 euros el salario-antes-de-complementos (misma demanda de profesores, mayor oferta), redundando en una transferencia neta de recursos al dueño de la academia de Filosofía (en EEUU, se estima que la absorción de este complemento salarial por parte de los empresarios alcanza hasta el 70% de la ayuda total).

En suma, el complemento salarial contribuye a proporcionar oxígeno a la parte del tejido empresarial menos productiva de una economía —socavando así parte de los incentivos para que ésta se readapte en búsqueda de una mayor generación de valor— y a transferir recursos de los contribuyentes al resto de empresarios.

Renta mínima de inserción: un parche para la pobreza estatal

La renta mínima de inserción defendida por el PSOE y por Podemos es algo así como una garantía última de supervivencia proporcionada por el Estado a sus ciudadanos: cuando una persona carece de ahorros o de ingresos propios por razones ajenas a su voluntad, el Estado le proporciona un sustento hasta que salga de esa situación de precariedad.

La teoría acerca de las rentas mínimas de inserción suena bien (y, como explico en mi libro Contra la renta básica, podrían llegar a compatibilizarse con un sistema político liberal), pero lo cierto es que, como suele suceder, el diablo se halla en los detalles. Si el propósito de la renta de inserción es contribuir a que los ciudadanos que se encuentren en una situación de extrema necesidad puedan subsistir mientras se esfuerzan por superarla, entonces el Estado deberá evitar, en primer lugar, condenar a los ciudadanos a estancarse en esa situación de extrema necesidad. No tiene ningún sentido que, con una de sus manos, el Estado impida a sus ciudadanos alimentarse mientras que, con la otra, proceda a darles alimento. Parece de sentido común que, antes de empezar a repartir rentas mínimas de inserción, el Estado deba permitir que esas rentas mínimas de inserción no resulten necesarias. Las rentas de inserción deben ser una ultima ratio del sistema, no una ratio prima: una herramienta subsidiaria, no preferente.

Mas, en los mal llamados Estados de Bienestar europeos —y, muy en particular, en España—, todavía existen numerosísimas normativas estatales que impiden a millones de personas salir adelante por sus propios medios (por ejemplo, la legislación laboral o fiscal). Carece totalmente de sentido negarse a derogar tales normativas y, para compensar la pauperización que provocan, ofrecer una renta mínima de inserción. Suprimamos primero los obstáculos artificiales que impiden a centenares de miles de personas salir de la pobreza y, sólo entonces, planteémonos otorgar una renta mínima para aquellas pocas personas que quedarían descolgadas. Pero ni PSOE ni Podemos se plantean nada parecido a esto: al contrario, pretenden multiplicar los impuestos y las regulaciones estatales para generar un ejército de dependientes de las transferencias estatales.

Conclusión

Lo que todas las propuestas anteriores tienen en común es la profunda desconfianza en la capacidad de las personas para prosperar dentro de un marco institucional en el que se respetan sus derechos y libertades. Pero semejante desconfianza no está justificada: los seres humanos son capaces de adaptarse y de progresar incluso en entornos marcadamente hostiles.

Las políticas que necesitamos para fomentar la generación de riqueza entre la mayor parte de la población no consisten ni colocar a los parados en una ocupación cualquiera, ni en un subvencionar a los empresarios improductivos, ni en entregar un aguinaldo a aquellos que previamente se maniata. La verdadera receta para ayudar a los azotados por la crisis pasa por liberalizar la economía y rebajar los impuestos: es decir, por permitir crear riqueza y por no rapiñar esa riqueza. Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Izquierda Unida se han planteado seguir por ese camino: todos ellos desconfían de las mismas personas a las que les reclaman el voto.

Artículo por Juan Ramón Rallo,
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