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Este sábado pasado participé en un debate sobre la situación de bancarrota del sistema público de pensiones en La Sexta Noche. Entre los defensores de este timo piramidal con sello de aprobación estatal se encontraba el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, quien sostuvo que el actual desequilibrio de la Seguridad Social se debe esencialmente a las bonificaciones en las cotizaciones empresariales aprobadas por el Partido Popular desde que alcanzó el poder en 2012. De ser cierto, pues, bastaría con eliminar los privilegios fiscales otorgados por el Ejecutivo a la “casta empresarial” para que nuestra Seguridad Social se volviera mágicamente viable in saecula saeculorum.

La afirmación de Carmona, entusiastamente respaldada por esa parte del auditorio necesitado de creerse aquel relato —por inexacto que sea— que les exima de confrontar la realidad, me resultaba problemática por tres razones.

Primero, los desembolsos anuales del conjunto de Fondos de la Seguridad Social (compuestos por el sistema de Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial) han aumentado en 44.000 millones de euros desde el año 2007 (el gasto específico en transferencias previsionales contributivas lo ha hecho en 36.600 millones de euros), por lo que atribuir exclusivamente a una merma de ingresos el presente agujero de 17.200 millones de euros (y de 21.800 millones en el sistema pensional contributivo) implicaría que, en ausencia de las bonificaciones empresariales del PP, la recaudación de los Fondos de la Seguridad Social sería unos 60.000 millones de euros superior a la actual. Poco verosímil.

Segundo, una formación política tan poco sospechosa de connivencia con el empresariado como Unidos Podemos, estima que el impacto recaudatorio de las bonificaciones empresariales a la Seguridad Social asciende al 0,3% del PIB, esto es, unos 3.500 millones de euros. ¿Cómo van 3.500 millones de euros a explicar un boquete presupuestario de más de 17.000 millones de euros que, además, avanzaría imparable hacia el 5,3% del PIB (casi 60.000 millones de euros en términos actuales) de no aplicarse adicionales recortes durante los próximos ejercicios?

Tercero, y mucho más relevante, la recaudación por cotizaciones efectivas a cargo de los empleadores dentro de los Fondos de la Seguridad Social… ¡está en máximos históricos! No tiene mucho sentido atribuir el déficit actual al hundimiento de una magnitud que se halla en el nivel más elevado de toda su historia. De hecho, las cotizaciones empresariales incluso superan el nivel alcanzado justo antes de la crisis, en 2007, momento en el que contábamos con casi dos millones de trabajadores más que ahora.

Por supuesto, tuve ocasión de exponerle mis dudas a Carmona durante y después de la emisión del programa, a lo que el concejal socialista me contestó muy amablemente remitiéndome al proyecto de presupuestos del sistema de la Seguridad Social para el año 2017. En ese documento, que no analiza la evolución del conjunto de Fondos de la Seguridad Social sino sólo del sistema de pensiones (esto es, excluye el SEPE y el FOGASA), es fácilmente observable (página 78) que las cotizaciones de los empleadores destinadas al régimen general de la Seguridad Social descendieron desde 62.315 millones de euros en 2011 a 59.673 millones en 2012, algo que según Carmona sería atribuible a las bonificaciones corporativas impulsadas por el PP nada más alcanzar el Gobierno y que, a su vez, serían suficientes para explicar la insolvencia actual de las pensiones públicas. Pero, nuevamente, esta hipótesis tiene tres problemas fundamentales.

Primero, la caída en 2012 de la recaudación por cotizaciones empresariales del sistema de la Seguridad Social se explica en su mayor parte por el incremento del desempleo durante ese ejercicio (814.000 ocupados menos), no por las bonfiicaciones. Segundo, aun cuando toda la caída de la recaudación sí fuera imputable a las bonificaciones empresariales del PP, apenas estaríamos hablando de una merma de ingresos de 2.642 millones de euros, lo que difícilmente puede explicar el agujero actual de 17.200 millones del conjunto de Fondos de la Seguridad Social (y de 21.800 millones en las transferencias contributivas). Y tercero, al igual que sucedía con la recaudación por cotizaciones empresariales del conjunto de Fondos de la Seguridad Social, la recaudación por esta rúbrica imputable al régimen pensiones también se halla en máximos históricos, concretamente 69.031 millones de euros (frente a los 62.315 millones de 2011 o a los 62.035 de 2007).

En definitiva, el desequilibrio presupuestario de las pensiones públicas no se debe ni exclusiva ni predominantemente a las bonificaciones empresariales que aprobó el PP en 2012. Justamente por eso, un año antes de que el PP llegará al poder, el partido de Carmona aprobó un tijeretazo a las pensiones públicas equivalente a 2,2 puntos del PIB por año (unos 25.000 millones de euros actuales): el PSOE no aprobó semejante tijeretazo porque supiera que el PP iba a recortar las bonificaciones empresariales al año siguiente, sino porque sabía que el sistema público era inviable sin recortes. Lo sabían entonces y lo continúan sabiendo ahora pero, al parecer, es mejor ocultarlo para que todo el edificio propagandístico de “lo público” no se desmorone ante los ojos de unos electores multiestafados por sus políticos.