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Jordi Benitez, director de la revista Capital, me pidió un artículo acerca del llamado “impuesto a las tecnológicas”, una idea absurda en cuya defensa Francia se ha quedado completamente sola en Europa y que es posible que ni ella misma ponga en práctica, pero en la que el gobierno anterior quiso ver un clavo ardiendo al que agarrarse para “sacar un dinerito con el que intentar tapar algunos agujeros”.

No, la política no debería ser un juego de ese tipo. Ser fiscalmente responsable y predecible como país incluye tener normas que caractericen un entorno en el que las compañías, tecnológicas o no, no tengan que estar pensando por dónde les van a venir con el siguiente subterfugio para cobrarles algo. Si algunas compañías con actividad internacional – no solo las tecnológica, y ni siquiera todas ellas – recurren a prácticas legales para reducir su factura fiscal en los países en los que operan, y se determina que ese tipo de prácticas no son deseables, lo que hay que hacer es buscar el consenso adecuado para cambiar las leyes y evitarlo, haciéndolo además, en la medida de lo posible, partiendo de acuerdos con otros actores en los clubs internacionales a los que pertenecemos.

Encuadrar iniciativas de esa naturaleza en la Unión Europea o en la OCDE podría llegar a tener cierto sentido. Plantearlo como iniciativa unilateral, como un intento de arreglo rápido de unas cuentas que, de otra manera, no salen, es arbitrario, irresponsable, oportunista, y políticamente poco inteligente. Nada justifica que, de la noche a la mañana, llegue un gobierno y plantee algo como “y ahora me invento un impuesto, y además lo aplico a las compañías que me dé la real gana, simplemente porque son “tecnológicas” (¿qué es exactamente ese viejuno concepto de “ser una empresa tecnológica”, en un entorno en el que la tecnología forma ya una parte integrante de las actividades de prácticamente cualquier compañía?) y ganan mucho dinero. No, el ecosistema de la tecnología en España no está como para dedicarse a atacarlo con impuestos arbitrarios. Simplemente, no tiene sentido.

El artículo se titula “Impuestos y clavos ardiendo” (pdf). A continuación, el texto completo:

Impuestos y clavos ardiendo

El llamado "impuesto a las tecnológicas" es una prueba más de hasta qué punto los políticos son capaces de generar situaciones arbitrarias, absurdas y demenciales. Desde hace ya bastantes años sabemos perfectamente que el mundo ha cambiado, que los negocios también lo han hecho, y que muchos elementos como las fronteras, que jugaron un papel fundamental durante muchos siglos en el mundo que conocíamos, ya no tienen sentido en una economía digital.

A partir de ahí, se ha desatado toda una campaña interesada en contra de las compañías tecnológicas, debido a que, supuestamente, "no pagan impuestos". La afirmación es, como ya he escrito en numerosas ocasiones, parcial e interesada. Primero, porque las prácticas de optimización fiscal no son en absoluto exclusivas de las empresas tecnológicas: las llevan a cabo todas las compañías multinacionales. Segundo, son técnicas completamente legales, y por tanto, si no nos gustan sus efectos, tendríamos que cambiar las leyes, no protestar porque alguien las cumple. Y tercero, porque lo que hacen las compañías tecnológicas es pagar sus impuestos mayoritariamente, como marcan las leyes, allá donde se crea el valor del servicio prestado: en este caso, en donde está su capital intelectual, es decir, en la mayor parte de los casos, en los Estados Unidos.

Los grupos de estudio que, en organizaciones como la OCDE, estudian cómo debería evolucionar la fiscalidad para adaptarse a sus nuevas circunstancias llevan años trabajando, y chocan con una realidad implacable: la política fiscal es algo que todos los países utilizan desde hace tiempo inmemorial para cuestiones como atraer inversiones, o simplemente como estrategia de país. Lo hacen paraísos fiscales, cuyo uso posiblemente deberíamos tratar de evitar, pero lo hacen también países como Irlanda, que simplemente ven como oportunidad atraer a empresas de una industria tecnológica, creen firmemente que hacerlo conllevará la construcción de un tejido social e industrial que les interesa, y por tanto, deciden incentivarlas para ello. Esos incentivos son legales, y sería absurdo y contraintuitivo pretender que las empresas renunciasen a ellos.

Francia, siguiendo una iniciativa de su ex-ministro de economía, Pierre Moscovici, propuso una idea arbitraria y polémica: gravar a las compañías tecnológicas de cierto tamaño con un impuesto de entre el 3% y el 5% de sus ingresos. Lo propuso como una medida transitoria, mientras no se llegaba a un acuerdo sobre cómo resolver este desajuste. Tras hacerlo, se encontró con que otros países con fuerte peso en la Unión Europea, como Alemania, el Reino Unido o varios países nórdicos, se echaban atrás en su aplicación temiendo desatar una guerra arancelaria que perjudicase sus exportaciones. El resultado es que Francia se ha quedado sola en sus pretensiones, y todo indica que ese impuesto va a terminar no implantándose.

Sin embargo, llega España y ve en ese impuesto la oportunidad, el clavo ardiendo al que agarrarse para equilibrar unos presupuestos en los que ha tenido que hacer numerosas concesiones, y afirma que proseguirá con esta iniciativa independientemente del hecho de que en Europa, como tal, esté cayendo. La idea es absurda: a poco que apliquemos las matemáticas, veremos que ni el dinero cobrado a las tecnológicas es suficiente para equilibrar nada, ni tiene ningún sentido penalizar a la industria tecnológica y la innovación en España con un impuesto arbitrario, que genera inseguridad jurídica a quienes se planteen invertir en nuestro país, y que además, no tiene sentido: pensemos, por ejemplo, en una compañía  tecnológica como Spotify. ¿De verdad esperamos gravarla con un impuesto del 5% de lo que factura, cuando se trata de una compañía cuya actividad aún genera pérdidas? ¿Cómo esperamos que reaccione?

Lo mínimo que se puede pedir a un país serio es que lo sea. Que sea predecible y no genere inseguridad jurídica. Si inviertes en ese país, debes saber lo que te va a costar, y no depender de que a un gobierno le dé por establecer un impuesto a tu actividad de manera completamente arbitraria. Y si lo hiciese, que lo haga de acuerdo con la OCDE o con la Unión Europea, jamás en solitario. Ser impredecible es un enorme desincentivo para la inversión.

Seamos serios: los desbarajustes presupuestarios no se solucionan inventándonos impuestos para una industria determinada. Los clavos ardiendo son eso, clavos que arden. Y es mucho mejor no agarrarse a ellos.

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